Ximena Risco, abogada y docente de la Universidad Andrés Bello, entrega su visión sobre la importancia de capacitarse en probidad y transparencia en el contexto de la nueva Ley de Compras.
Con una vasta trayectoria en el sector público, Ximena Risco es abogada de la Universidad de Chile, Máster en Derecho Regulatorio de la Pontificia Universidad Católica y actual alumna del Doctorado en Derecho de la Universidad de Los Andes. Fue jefa del área de litigios y de la División Jurídica del Ministerio del Interior. Hoy, es una de las docentes del Curso Probidad, Transparencia y Modificaciones a la Ley de Compras del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello.
“El objetivo principal del curso es actualizar el contenido de la ley y su reglamento para que los alumnos puedan aplicar este conocimiento en una práctica administrativa ética, transparente y eficiente”, señala Risco. Esta mirada cobra especial relevancia en el contexto actual, donde la probidad, transparencia y la Ley de Compras son fundamentales para una gestión pública eficaz y confiable.
La docente enfatiza que incorporar criterios de transparencia permite mejorar la respuesta estatal, aumentar la confianza en las instituciones y frenar la corrupción.
La nueva legislación sobre compras públicas incluye cambios estructurales. “Las modificaciones contemplan un capítulo completo sobre probidad y transparencia, nuevos mecanismos de adquisición, como la subasta inversa y la compra por innovación, y reglas más estrictas sobre conflictos de interés”, detalla.
Además, se fortalecen las atribuciones de ChileCompra y se restringen los casos en que puede aplicarse el trato directo. Estos cambios buscan modernizar el sistema de compras, minimizar espacios para la corrupción y promover un uso más eficiente de los recursos públicos.
Risco destaca que el curso se desarrolla bajo una metodología de aprendizaje activo, combinando teoría con análisis de casos reales. “Buscamos que los estudiantes desarrollen habilidades como la resolución de problemas, pensamiento crítico y comprensión profunda de la finalidad de la normativa”.
El enfoque práctico prepara a los alumnos para enfrentar desafíos como el cumplimiento de nuevos estándares, la gestión de conflictos de interés y la promoción de una cultura de responsabilidad institucional.
Para la abogada, la formación continua es esencial en el fortalecimiento de la integridad institucional. “La capacitación permite mantenerse al día con la legislación, desarrollar habilidades y mejorar el clima laboral. Además, contribuye directamente a la confianza pública”, afirma.
Desde su experiencia, Risco asegura que la Universidad Andrés Bello ofrece una formación de alto valor para funcionarios públicos. “El enfoque práctico, la comunidad que se forma entre los alumnos y la experiencia de los docentes que hemos trabajado en la administración pública hacen del curso una excelente opción. Es una instancia de aprendizaje profundo y aplicado, donde los estudiantes realmente pueden llevarse herramientas útiles para su labor diaria”.