El director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez, y el académico Manuel Inostroza analizaron la problemática de las licencias médicas falsas y los desafíos para fortalecer el sistema de subsidios por incapacidad laboral en una carta publicada el 2 de septiembre en El Mercurio.
En el texto, ambos expertos destacan que la disminución en la emisión de licencias médicas durante 2026 demuestra que una mayor fiscalización ha sido efectiva. Sin embargo, advierten que esa estrategia estaría alcanzando su límite y que no es razonable esperar reducciones significativas únicamente mediante un aumento de los controles.
Como ejemplo, señalan que mayo fue el último mes de 2026 en registrar una caída importante respecto al mismo período de 2025, con 161 mil licencias menos, exactamente un año después del informe de Contraloría que reveló irregularidades en el sistema. En contraste, indican que en junio hubo un aumento interanual cercano a 12 mil licencias, mientras que en julio la disminución fue de apenas 20 mil, cifras considerablemente menores a las observadas en meses anteriores.
Sánchez e Inostroza sostienen que los resultados de la fiscalización no deben interpretarse como una razón para postergar reformas estructurales. A su juicio, es necesario revisar aspectos como el monto del subsidio, el período de carencia y la duración del beneficio, ya que las reglas actuales pueden incentivar conductas abusivas.
Asimismo, plantean que este es el momento oportuno para dar continuidad a la tramitación del proyecto de ley presentado por el gobierno anterior, el cual incorpora experiencias comparadas en materia de regulación de licencias médicas.
Los académicos también destacan que el ahorro estimado de US$1.100 millones en los últimos 18 meses refleja el importante impacto económico que puede generar una fiscalización más eficiente, aunque insisten en que dicho mecanismo, por sí solo, no garantiza la sostenibilidad del sistema.
Finalmente, concluyen que el principal desafío es avanzar hacia un modelo basado en reglas e incentivos adecuados, de modo que el correcto funcionamiento de las licencias médicas no dependa exclusivamente de la intensidad de la fiscalización, sino de un diseño institucional que promueva su buen uso como una herramienta esencial para la recuperación de la salud.