El académico y analista político de la Universidad Andrés Bello abordó los cuestionamientos al ministro Fernando Rabat por la rebaja de penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores. A su juicio, una acusación constitucional no sería la respuesta adecuada frente a esta controversia.
La controversia por la rebaja de penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores mantiene al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en el centro del debate político en Chile. Las críticas a la decisión han derivado en presiones de la oposición para que el secretario de Estado deje su cargo y en la posibilidad de impulsar una acusación constitucional en su contra.
En este escenario, Luis Felipe Vergara, profesor y director de Postgrados de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad Andrés Bello (UNAB), y analista político, entregó su análisis sobre la situación del ministro y las alternativas que enfrenta el Gobierno para abordar la controversia.
Para el académico de la UNAB, una acusación constitucional no sería el mecanismo adecuado, ya que el cuestionamiento, a su juicio, no se relaciona con una infracción legal, sino con una falta ética por parte del Ejecutivo.
Al abordar las diferencias entre las responsabilidades éticas y legales del Gobierno, el profesor y director de Postgrados de la FEN UNAB planteó que la actuación de administraciones anteriores constituye un referente para entender cómo debió enfrentarse esta situación.
En declaraciones publicadas por El Mercurio de Valparaíso el 26 de octubre de 2026, Vergara señaló: «Lo ético era lo que hicieron los gobiernos anteriores, es decir, que la Corte Suprema o el Poder Judicial les obligue a acatar esta norma. Al no hacerlo, fallan en un principio ético, que es mucho más importante que el principio legal. Sin embargo, una acusación constitucional estaría errónea porque no cumpliría con el principio legal».
Desde su perspectiva, la eventual acusación constitucional contra Fernando Rabat no tendría sustento desde el punto de vista legal, por lo que no sería una respuesta apropiada frente a los cuestionamientos.
Otro de los aspectos abordados por el analista político es la viabilidad política de una eventual acusación constitucional contra el ministro de Justicia. Al respecto, el analista político de la UNAB señaló que existe un obstáculo para que esta iniciativa prospere: la falta de votos de la oposición.
El académico también cuestionó la efectividad de recurrir a este mecanismo, considerando que podría convertirse en una nueva ofensiva parlamentaria sin resultados concretos.
En ese sentido, advirtió que «sería un show más dentro de los varios que hemos tenido de acusaciones constitucionales sin asidero y que terminan en nada».
Frente a este escenario, Luis Felipe considera que la renuncia de Fernando Rabat sería una salida más conveniente tanto para el Gobierno como para el propio secretario de Estado.
Su análisis apunta a que esta alternativa permitiría enfrentar las consecuencias políticas de la controversia sin recurrir a una acusación constitucional que, en su opinión, no tendría fundamento legal.
Por ello, el ptofesional concluyó que es «mucho más lógico y recomendable para el Gobierno, y digno para el ministro, renunciar».
Fuente: El Mercurio de Valparaíso.